lunes, 20 de enero de 2014

Doping Deportivo. Fuente: Diariojudiacial.com

Se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el nuevo régimen jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte. La norma prevé sanciones de orden deportivo y penal, con penas que pueden llegar a los 15 años de prisión.
La Ley 26.912, denominada “Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte”, se publicó este jueves en el Boletín Oficial, es una norma que vino a receptar la legislación internacional respecto al problema doping deportivo.
La ley, que fue sancionada el 13 de noviembre de este año, y promulgada el 6 de diciembre, declara como objetivos “la prevención del dopaje en el deporte, la lucha contra el dopaje en el deporte sobre la base del principio del juego limpio y la protección de la salud de los que participan en las competencias”.
En tal sentido, amplía su ámbito de aplicación a todas las Federaciones Deportivas nacionales, y a las personas que las integran. Los mismos, ante las infracciones detalladas a lo largo de 7 artículos en los que se definen conductas tipificadas como dopaje, podrían ser pasible de sanciones que van desde la suspensión deportiva de por vida hasta la prisión.
Mientras que las sanciones siempre involucran grados de dopaje ante una competición, los delitos establecidos en la Ley 26.912 consisten en la facilitación e incitación de dopaje, con penas que van desde un mes a los 15 años de prisión,  también se sanciona el dopaje de animales, que en la esfera penal, prevé penas que pueden llegar a los cinco años de prisión.
En tal sentido, el régimen estipula dos tipos de sanciones, pero mientras que para las sanciones de índole penal se seguirán las disposiciones de los códigos procesales y del Código Penal, la Ley 26.912 establece un régimen especial para casos que no sean delito.
En este punto en particular, la Ley establece un procedimiento administrativo, con la aplicación de garantías de orden penal, para desarrollar el proceso que puede culminar con la suspensión del atleta al que se le compruebe el dopaje. En el que la organización antidopaje tiene la responsabilidad de probar el hecho. También queda diagramado el procedimiento de apelación ante las posibles sanciones.
Del mismo modo, crea una Comisión Especial Antidopaje, en el ámbito de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social. Dicha cartera también, según el artículo 84 de la ley, “propiciará la organización de un tribunal que se denominará Tribunal Arbitral Antidopaje, que actuará como árbitro de derecho, para entender en la instancia de apelación prevista en el artículo 69 del presente régimen y dictará sus propias reglas de procedimiento”.
Además, se prevé la creación de un Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, que “debe constituirse como órgano independiente, como persona jurídica de carácter público, privado o mixto, o dentro del ámbito de alguna de tales personas, y estar integrado por siete (7) miembros en condiciones de evaluar casos de dopaje de manera justa, imparcial e independiente”.
Por otra parte, el Tribunal Arbitral Antidopaje servirá de Alzada de las resoluciones del Tribunal Disciplinario. El mismo actuará “como árbitro de derecho, para entender en la instancia de apelación prevista” para atletas de federaciones nacionales, y dictará sus propias reglas de procedimiento:
El procedimiento ante la Alzada culmina, según el artículo 84 y subsiguientes, con un laudo que tiene carácter vinculante y definitivo, “y produce efectos idénticos a la cosa juzgada”. El mismo, además, “puede ejecutarse por las vías prescriptas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”.
Finalmente, la ley incorpora un anexo con definiciones y mas precisiones acerca del contenido e la norma y de los procedimientos establecidos.


martes, 14 de enero de 2014




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Fuente: Diariojudiacial.com
La Justicia del Trabajo condenó a Independiente a pagarle una indemnización a un vendedor ambulante que hacía 40 años que trabajaba en la cancha del ‘Rojo’. El Tribunal consideró que el club de Avellaneda y la empresa que concesionaba el local de comidas del estadio habían efectuado un fraude laboral.
El fallo fue dictado por la Sala VII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en la causa “Gómez, Rosendo y Otro c/Rojo Food S.R.L. y Otro s/Despido”. El mismo contó con la firma de los jueces Néstor Rodríguez Brunengo y Beatriz Fontana.
Los actores (padre e hijo), habían demandado al Club Atlético Independiente y a Rojo Food S.R.L., empresa que concesionaba la venta de alimentos en el Estadio del club de Avellaneda. El actor había expresado que ingresó a trabajar en 1971 en la cancha del “Rojo”, y que fue despedido a mediados del año 2006, cuando se cerró el estadio para su remodelación, pero por la firma codemandada.
La justicia, en Primera Instancia, hizo parcialmente lugar a la demanda, ya que sólo condeno a la empresa a abonar las indemnizaciones, y no tuvo en consideración la fecha de ingreso a las órdenes de Independiente denunciada por el actor.
En cambio, los integrantes de la Sala VII consideraron probadas las aseveraciones del actor, mediante los testimonios vertidos en la causa. Además, ante la falta de pruebas presentadas por los codemandados, aplicó la presunción en su contra establecida en el artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Es así que en el fallo se afirmó que “sabido es que la misión del Juez, y de manera más intensa en el Juez del Trabajo, consiste en la búsqueda de la verdad sustancial, más allá de las formas que las partes dieran a ‘contratos’ destinados a cubrir el fraude y contrariar el Principio de Primacía de la Realidad, tan imperativo en nuestra disciplina”.
Sobre esta base, se sostuvo que, pese a que el  Club Atlético Independiente negó la fecha de ingreso de los actores, “de acuerdo con lo informado por el perito contador a fs. 386, éstos no figuran en los libros del Club Atlético Independiente”.
Asimismo, el experto había informado que “luego de haberle sido requerido que informe si las demandadas se encuentran inscriptas como empleadoras en el Sistema único de Registro Laboral, que ninguna de las dos empleadoras tiene a los empleados, uno por no poseerlos en sus libros y el otro por la falta de libros pues no lo ha presentado cuando fue requerido”.
Razones suficientes para efectuar la interpretación en contra de la demandada, admitida en el art. 55 de la LCT, sobre falta de exhibición de libros.
Por otra parte, también fueron considerados con fuerza probatoria los testimonios de compañeros de trabajo de los actores, que dieron prueba de que ambos se desempeñaban como vendedores ambulantes en las tribunas del estadio.
Como consecuencia de ello, se tuvo por acreditado que el actor ingresó a trabajar en el año 1971, y que su hijo lo hizo en 1995, y no cuando Rojo Food obtuvo la concesión de la venta de alimentos y bebidas. De ello derivó que esas fechas fueron la pauta para el cálculo de los montos de la indemnización.