La Cámara del trabajo
hizo lugar a una demanda contra la AFA, interpuesta por un árbitro, y rechazó
el planteo respecto de que el Convenio de los árbitros autorizaba a poder
contratarlos como autónomos. Los jueces opinaron que la autorización no implica
permisión al empleador para disponer del "nomen juris”. La cuestión sobre el
carácter de empleados de los árbitros del fútbol argentino y la interpretación
del Convenio Colectivo 126/75 fue objeto de debate en numerosas precedentes
dictados por la Justicia del Trabajo, incluso algunos indicaron que se trataba
de una norma que daba pie al fraude laboral. En el
fallo “Giuffrida Leonardo Pablo c/ Asociación del Futbol Argentino s/ Despido”
la Cámara Laboral volvió a inclinarse por un criterio similar, al rechazar el
recurso interpuesto por la AFA contra la sentencia que le ordenó al ente rector
del futbol indemnizar a un árbitro por despido injustificado. La AFA
impugnó el encuadre de la relación dentro de las disposiciones del art. 23 de
la Ley de Contrato de Trabajo, entre otras razones, por entender que “la obligación
del actor de contar con una actividad principal además de la propia de árbitro,
al tipo de tareas y exigencias a las que estaba sometido, y a las diferencias
de retribución entre el contrato subordinado y la relación autónoma”, no hacían
posible que se hable de una relación de dependencia. De manera
que reiteró su criterio al respecto de que si una cláusula del convenio
colectivo autoriza a contratar árbitros como personal autónomo, entonces no era
posible que exista fraude en la contratación. Sin
embargo, los jueces Beatriz Fontana y Nestor Rodríguez Brunengo, de la Sala VII
de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, razonaron que “no solamente no se
requiere que un convenio colectivo autorice a contratar personal como autónomo,
sino que, aunque lo haga como ha sucedido en el presente caso, ello no implica
otorgar autorización al empleador para disponer del ‘nomen juris’”. “En
consecuencia, si se prueba que existió subordinación jurídica, corresponde
concluir que se trata de un contrato de trabajo subordinado regido por la
legislación laboral”, agregaó el fallo a continuación. La
sentencia, finalmente, fue confirmada en todos sus puntos, excepto en lo
referido a la entrega del certificado de servicios y remuneraciones, al ordenar
que en su lugar se debían entregar los certificados del art. 80 de la Ley de
Contrato de Trabajo, debido a que el hecho de que la Ley 24622
dispone que los árbitros se desempeñan “en relación de dependencia o como
autónomos a los efectos de la cotización al sistema jubilatorio”, no existe
“normativa alguna que la exima de hacer entrega del certificado de trabajo”.
jueves, 23 de enero de 2014
Árbitros de fútbol. Autónomos o en relación de dependencia. Fuente: Diariojudicial.com
Derecho Laboral. Árbitros de fútbol. Fuente: Diariojudicial.com
lunes, 20 de enero de 2014
Doping Deportivo. Fuente: Diariojudiacial.com
Se publicó en el
Boletín Oficial de la Nación el nuevo régimen jurídico para la Prevención y el
Control del Dopaje en el Deporte. La norma prevé sanciones de orden deportivo y
penal, con penas que pueden llegar a los 15 años de prisión.
La Ley 26.912,
denominada “Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el
Deporte”, se publicó este jueves en el Boletín Oficial, es una norma que vino a
receptar la legislación internacional respecto al problema doping deportivo.
La ley, que fue sancionada el 13 de noviembre de este
año, y promulgada el 6 de diciembre, declara como objetivos “la prevención del
dopaje en el deporte, la lucha contra el dopaje en el deporte sobre la base del
principio del juego limpio y la protección de la salud de los que participan en
las competencias”.
En tal sentido, amplía su ámbito de aplicación a todas
las Federaciones Deportivas nacionales, y a las personas que las integran. Los
mismos, ante las infracciones detalladas a lo largo de 7 artículos en los que
se definen conductas tipificadas como dopaje, podrían ser pasible de sanciones
que van desde la suspensión deportiva de por vida hasta la prisión.
Mientras que las sanciones siempre
involucran grados de dopaje ante una competición, los delitos establecidos en
la Ley 26.912 consisten en la facilitación e incitación de dopaje, con penas
que van desde un mes a los 15 años de prisión, también se sanciona el dopaje de
animales, que en la esfera penal, prevé penas que pueden llegar a los cinco
años de prisión.
En tal sentido, el régimen estipula dos tipos de
sanciones, pero mientras que para las sanciones de índole penal se seguirán las
disposiciones de los códigos procesales y del Código Penal, la Ley 26.912
establece un régimen especial para casos que no sean delito.
En este punto en particular, la Ley establece un
procedimiento administrativo, con la aplicación de garantías de orden penal,
para desarrollar el proceso que puede culminar con la suspensión del atleta al
que se le compruebe el dopaje. En el que la organización antidopaje tiene la
responsabilidad de probar el hecho. También queda diagramado el procedimiento
de apelación ante las posibles sanciones.
Del mismo modo, crea una Comisión Especial Antidopaje, en
el ámbito de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social.
Dicha cartera también, según el artículo 84 de la ley, “propiciará la
organización de un tribunal que se denominará Tribunal Arbitral Antidopaje, que
actuará como árbitro de derecho, para entender en la instancia de apelación
prevista en el artículo 69 del presente régimen y dictará sus propias reglas de
procedimiento”.
Además, se prevé la creación de un Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje, que “debe constituirse como órgano independiente,
como persona jurídica de carácter público, privado o mixto, o dentro del ámbito
de alguna de tales personas, y estar integrado por siete (7) miembros en
condiciones de evaluar casos de dopaje de manera justa, imparcial e
independiente”.
Por otra parte, el Tribunal Arbitral Antidopaje servirá
de Alzada de las resoluciones del Tribunal Disciplinario. El mismo actuará
“como árbitro de derecho, para entender en la instancia de apelación prevista”
para atletas de federaciones nacionales, y dictará sus propias reglas de
procedimiento:
El procedimiento ante la Alzada culmina, según el
artículo 84 y subsiguientes, con un laudo que tiene carácter vinculante y
definitivo, “y produce efectos idénticos a la cosa juzgada”. El mismo, además,
“puede ejecutarse por las vías prescriptas en el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación”.
Finalmente, la ley incorpora un anexo con definiciones y
mas precisiones acerca del contenido e la norma y de los procedimientos
establecidos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

